¿Cómo se afectaron los derechos culturales durante la cuarentena y cómo revertir los daños? (Ponencia)

 Vengo analizando y experimentando el funcionamiento del sector cultural desde hace un poco más de 10 años, desde mi actividad como promotora cultural y, luego, cuando empecé a profesionalizarme en gestión cultural. Por esos estudios supe de la existencia de los derechos culturales, pero recién, siete años atrás, los vengo estudiando por mi cuenta, debido a que, por cuestiones de defensa del patrimonio cultural, a lo que también me dedico, un equipo multidisciplinario estuvimos reuniéndonos para pensarlos. Fue así que, tras una demanda que hicimos al gobierno, un abogado especialista en legislación del patrimonio inmueble, me mostró que sí estaban reconocidos por el estado, lo que es un hito para mí como gestora por comprenderlos, instrumentalizarlos, promoverlos y entender por qué los gobiernos no los mencionan, aplican, ni popularizan con nombre y apellido. Así que vayamos con ese diagnóstico.

Cuando hablamos del sector cultural, hablamos tanto del público como del particular, y en el particular, lo mayoritario es lo independiente, lo autónomo, lo que no se ajusta a lo que dictan las normas con base en una homogeneización de actividades y maneras incompatible con nuestra realidad, sino a lo que está en su poder desarrollar, precisamente, desde su heterogeneidad.

Este ámbito independiente del sector cultural es amplísimo e incluye patrimonio, interculturalidad y artes y, hasta antes de la pandemia, era más atomizado. Abarca todas las formas inimaginables, para los gobiernos, de hacer cultura y suele no estar regularizado gracias a falta de voluntad política, procesos burocráticos densos e inaccesibles y administrativos de alto costo socioeconómico, sin embargo, funciona y es sabido que las prácticas culturales y artísticas y sus organizaciones y promotores, gestores y cultores existen a vista de funcionarios, aunque sin comprensión plena de su valor, y aporta a nivel social, económico, político, académico y mediático con toda la diversidad de formas de participar, activar y sostener la gestión de las artes y las culturas.

En cuanto al sector público cultural, no es nuevo decir que no funciona hoy porque, desde adentro mismo, desde su, digamos, nueva posición en la estructura estatal, no se ha planificado ni establecido pautas claras, concretas, integradoras y realistas para que funcione. De ser esto distinto, tendríamos políticas culturales y desarrollo sociocultural progresivo en función de estas.

El problema, aparte de la tradición de la corrupción arraigada por siglos en toda institución peruana y la instauración del sistema neoliberal hace casi tres décadas, nace de que el sector público cultural no ha sabido adaptarse a los lenguajes de las artes y las culturas de las naciones del Perú, y no me refiero a idiomas, me refiero a un abanico no desconocido, al menos para la academia, de códigos éticos y estéticos, a necesidades, costumbres, objetivos e ideales de estas naciones.

El sector público cultural no es nacional, es culturalmente limeño, se comunica en código limeño, imaginario limeño y perspectiva limeña, además tiene usos, herramientas y recursos de experiencias y políticas afectas a realidades socioeconómicas ajenas a las de todo nuestro territorio, memoria y requerimientos. Baste ejemplificar con que, luego de la declaración de estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, al 18 de marzo, la función del Ministerio de Cultura fue trabajar afiches digitales en PDF, en 11 idiomas peruanos, para promover las medidas de seguridad correspondientes a la emergencia sanitaria declarada. Al ocho de abril, el número de idiomas para estos afiches era 10 más, de 48 idiomas contabilizados. Estoy segura de que las personas que desarrollaron el material informativo se esforzaron muchísimo en lograrlo, y el periodo de tiempo utilizado lleva a la cuestión de la cantidad de traductores en dicha labor, pero eso, a estas alturas y luego de 10 años de actividad en el nivel más alto del aparato estatal después de la Presidencia, no puede ser el ideal de producto de un ministerio que debería ya funcionar y que debería contar con directivos especialistas en los valores, funcionamientos y necesidades de lo relativo a patrimonio, interculturalidad y artes.

Faltan profesionales en gestión de la cultura, formados en una deontología específica que tenga como base los derechos culturales por sus principios de democracia y transparencia, profesionales no repetidores del clisé de la diversidad, sino conocedores de la realidad de las formas de las artes y las culturas del país y sus posibilidades de aplicación, capacitados para planificar, organizar, presupuestar, programar, sistematizar, monitorear, registrar, datar, generar indicadores y variables correspondientes a objetivos que nazcan del derecho a la cultura, que manejen herramientas de gestión, que sepan diseñar estrategias no solo de marketing eventual sino de acción por plazos, de logro de esos objetivos y, por supuesto, un buen posicionamiento y sostenibilidad en el aparato público y ante la opinión pública. Y no se puede olvidar que se requiere especialistas en manejo de tecnologías de la información para mejorar procesos de digitalización.

Pasemos al tema de la información. En el sector público cultural falta orden en los datos y cifras para gestionar con mejor precisión todo lo que le atañe, o sea, memoria o patrimonio, artes, interculturalidad. Todo lo que buenamente haya está desperdigado y solo se publicitan cifras de lo que es suficientemente espectacular, comercial y urbanamente merecedor de algún tipo de orgullo de germen populista, exacerbado, superficial y, naturalmente, efímero, como mandan la economía naranja y la marca Perú. Pero en otro sector del estado sí hay cifras, por ejemplo, acerca del acceso a Internet, que debería ser declarado derecho humano como lo ha sido por la ONU en el 2016 y ya lo es en otros países.

Muy fácilmente, un gestor cultural o un funcionario puede llegar a datos como que aproximadamente dos millones de personas, de entre 17 a más años, de zonas rurales, tienen acceso a Internet, o que en zonas urbanas, esas mismas edades, la tienen aproximadamente 11 millones de personas (INEI, 2017, 2019), siendo la población rural de aproximadamente siete millones de personas y, la total, de más de 31 millones.[1]

 Entonces retorno al ejemplo de la iniciativa del Ministerio de Cultura de publicar PDF en su portal web con unas preguntas simples: ¿Cuántos peruanos pudieron acceder a esa información digital? ¿Cuántos peruanos pudieron leerla? ¿Cuántos peruanos tienen acceso a Internet y la usan para informarse? ¿Es suficientemente buena nuestra conectividad? ¿El Ministerio de Cultura mueve sus publicaciones y usa todos sus canales? ¿Sabe cómo llegar realmente a la población? ¿Sabe la población para qué sirve el Ministerio de Cultura como para entrar a Internet e informarse? ¿Aprecia su valor? ¿Es valioso así como ha venido funcionando? Dejo otro cuadro de octubre del 2019 para graficar intereses y posibilidades:

La información recogida podría ir revelando que, como mínimo, no habría un verdadero interés de posicionarse como sector público cultural, lo que en primer lugar impedirá el ansiado incremento del presupuesto, entre otras consecuencias riesgosas como la llegada a la población de influencia, hoy vulnerable, de esta cartera y, entonces, población en general.

Todas estas reflexiones aparentemente inconexas pero desde la gestión cultural, nos permiten ir ideando una respuesta a la pregunta acerca de la afectación de los derechos culturales: ¿Cómo se afectaron los derechos culturales durante la cuarentena y cómo revertir los daños? Pues se afectaron, llanamente, en lo que respecta a la comunicación, para lo que la reversión no es tan posible pero sí la corrección de la manera de caminar por la vía.

La comunicación es fundamental siempre, mucho más, todavía, en una coyuntura nueva como la actual y en la que el horizonte es tan incierto. Sin embargo, al menos el sentido de ese panorama difuso podría ser un poco más comprensible y afrontable si la comunicación fuera clara y fluida entre todos los sectores y actores: público, sociedad civil, medios, privado.

Pasemos a desarrollar brevemente el asunto de los derechos culturales. Son aquellos en que se sostienen los derechos de todas las personas a la salud, educación, trabajo y vivienda según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, existente desde 1966 y aprobado por el estado peruano en 1978. ¿Qué son los derechos culturales? Son aquellos que parten de la igualdad de derechos en la diversidad natural y cultural de personas y grupos humanos para la libre determinación de los pueblos: “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (p. 2). Hay un detalle por el que no se debe dejar de hacer hincapié: los derechos culturales no son exclusivos de las artes ni de artistas y gestores, son para todos los seres humanos e incluyen el derecho a la memoria, al acceso a la cultura y al desarrollo de las artes.

* Los derechos culturales incluyen los derechos a participar en la vida cultural sin discriminación, a acceder y disfrutar del patrimonio, a la libertad artística y científica y a beneficiarse de los conocimientos científicos y sus aplicaciones. La vida cultural incluye las artes escénicas, los museos, los sitios patrimoniales, los deportes y los espacios públicos utilizados para diversas reuniones culturales y sociales. (JointquestionnaireCOVID19_SP, 2020, p. 10)

Habiendo mencionado sus definiciones elementales, resulta en que se resumen a ser el eje transversal de la comunicación intercultural, nacional o, mejor dicho, plurinacional, como lo es el Perú. ¿Por qué hablamos de comunicación cuando hablamos de derechos culturales?

Porque estos arrancan con el derecho a la no discriminación de ningún tipo para dar paso al derecho a usar el propio idioma para la libertad de aprender, informarse, expresarse, crear y, así, acceder a servicios de salud, ejercer el derecho al trabajo, agremiarse, lograr vivienda adecuada, todo esto, de acuerdo con la dignidad inherente al ser humano. Pero sin información ese derecho no se ejerce a sabiendas ni en toda su integridad.

Después de todo esto, probablemente encuentren una contradicción: si los derechos culturales implican la libertad idiomática y el ministerio logró publicar PDF en 21 idiomas peruanos, entonces sí ha habido información igualitaria, ¿entonces no se ha dañado el ejercicio de estos derechos?

Pero es que eso no es todo lo que implican los derechos culturales. Si los derechos culturales son el eje transversal de la comunicación plurinacional, y por ello son el sostén de los derechos a la salud, educación, trabajo y vivienda, ahora sí me voy a centrar en el derecho al trabajo y el valor de los artistas, gestores, promotores y todos los trabajadores de las artes y las culturas, que han perdido sus posibilidades de sustento financiero individual y organizacional, que son poco apreciados en su situación de vulnerabilidad por la opinión pública, grandes medios y, evidentemente, ante el sector público y sus profesionales que, a falta de liderazgo y debido a presiones políticas y económicas, no han generado en 10 años ni medio registro respecto de nosotros ni mucho menos la base de eso: una política pública ni planes participativos y sostenibles multisectoriales ni multinivel. Un asunto es que haya voluntariamente o por necesidad organizaciones sin registro y otro el que el estado no reconozca su existencia, actividad, productividad y necesidades básicas sociales y laborales: mínimamente pensiones no solo de gracia y contratos justos. Esta es información local y para gestionarla están las DDC del Ministerio de Cultura, así como las municipalidades y el congreso. Hago un paréntesis para preguntar por la AMPE, la Asociación de Municipalidades del Perú, que también tienen la obligación de fomentar el acceso a la cultura, la conservación de la memoria y el desarrollo de las artes a nivel local y regional.

Finalmente, desde mi punto de vista y con este diagnóstico, veo que es urgente y necesario aprovechar la oportunidad de este contexto tan potente para lograr objetivos, en plazos realistas y según prioridades de atención y acción:

1. Registrar en una plataforma multisectorial y multinivel, digital, nacional, única y abierta a todas las personas y organizaciones formales e informales de producción y reproducción de artes y cultura según la experiencia SIC de otros países de Sudamérica,
2. reestructurar el ministerio y sus direcciones desconcentradas,
3. corregir la normativa legal y reglamentos, desde lo más utilizado hasta lo menos, que no sirva y atente contra los derechos culturales y los que dependen de ellos,
4. insertar los derechos culturales más expresa y explícitamente en la constitución política a través de modificaciones legislativas,
5. definir la comunicación técnica multisectorial y multinivel,
6. definir la comunicación con el sector cultural independiente,
7. judicializar y visibilizar continuamente la anulación de actos de corrupción,
8. establecer participativamente las políticas culturales, no solo digitalmente sino en la vida real en un plazo no mayor a un año.

Todo esto bajo el principio de gobierno abierto de la cultura que integre multiculturalidad y plurilingüismo, ética y estética de las artes y culturas, y realidades locales, regionales y nacionales, con la meta de posicionar y sostenibilizar el valor del ministerio y los trabajadores de las artes y las culturas, con la estrategia de empezar, en primer lugar, con la comunicación sistematizada de todo lo que implique el proceso de reestructuración, de menos a más.

Muchas gracias.

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[1] Los cálculos que he hecho han sido grosso modo y es posible que no sean precisamente exactos, por ello he acompañado esta ponencia con gráficos del INEI y COMSCORE, el segundo, obtenido de la página web: https://www.peru-retail.com/onsumidor-digital-peruano/ (18/06/2020).

[2] Anahí Vásquez de Velasco Zorrilla. RADIOGRAFÍA ACTUAL DEL SECTOR CULTURA. MESA 2 - LAS INDUSTRIAS CULTURALES: DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS. Evento virtual organizado por el núcleo En Movimiento. ¿Cómo se afectaron los derechos culturales durante la cuarentena y cómo revertir los daños? (18/6/2020)