Desde que existe el Ministerio de Cultura, a mediados del 2010, ha estado presente intermitentemente el reclamo de algunos pocos gestores y promotores por políticas públicas culturales. No hay que olvidar que la cultura es un derecho pero, todavía, gestionarla, promover y producir es de esas actividades casi subterráneas, de impredecible alcance y sostenibilidad, que demandan grandes dosis de energía, justamente por ser inconexas, de individuos solos o pequeños colectivos, con escasas posibilidades de financiamiento y, lógicamente, pequeños públicos; además su importancia para el desarrollo sostenible es difícil de comprender al no observar retorno inmediato, por parte de partidos políticos, autoridades y funcionarios, y por el sector privado. El impacto de las políticas culturales está más en el desarrollo social que en el económico; sorprendentemente no interesa que el desarrollo económico pueda ser mayor y de más largo plazo a través del bienestar social. Casi todos ellos,
Ciudadanía y Derechos Culturales