Desde
que existe el Ministerio de Cultura, a mediados del 2010, ha estado presente
intermitentemente el reclamo de algunos pocos gestores y promotores por
políticas públicas culturales. No hay que olvidar que la cultura es un derecho
pero, todavía, gestionarla, promover y producir es de esas actividades casi subterráneas,
de impredecible alcance y sostenibilidad, que demandan grandes dosis de energía,
justamente por ser inconexas, de individuos solos o pequeños colectivos, con
escasas posibilidades de financiamiento y, lógicamente, pequeños públicos;
además su importancia para el desarrollo sostenible es difícil de comprender al
no observar retorno inmediato, por parte de partidos políticos, autoridades y
funcionarios, y por el sector privado.
El
impacto de las políticas culturales está más en el desarrollo social que en el
económico; sorprendentemente no interesa que el desarrollo económico pueda ser
mayor y de más largo plazo a través del bienestar social. Casi todos ellos,
políticos, funcionarios y empresarios, cuando se interesan por una actividad
cultural o artística (que no son lo mismo), la instrumentalizan solo para
hacerse propaganda, ya sea en época de elecciones o como muestra de supuesta responsabilidad
social empresarial. Se tratan cultura y artes como maquillaje, como adorno,
como distintivo de superioridad, como cosa que se le da a la gente ‘inculta’
para que se ‘culturice’ o festeje y agradezca. La cultura y las artes pueden
ser rentables para ellos cuando les apetece, sobre todo, en un país en el que todavía
se tiene como parte de la idiosincrasia nacional la medieval diferencia entre ‘alta’
y ‘baja’ cultura.
Somos
un país sobresalientemente colonial, racista y discriminador. Persiste el
discurso arcaico que enaltece al personaje ‘culto’ y se ha afianzado también –gracias
a las redes sociales virtuales-, la sindicación del personaje ‘inculto’ o ‘ignorante’.
Persiste la extraña diferencia entre ‘arte’ y ‘artesanía’. Y hay quienes marcan
esas pautas y las mantienen vigentes año tras año. Así es como se ha dispuesto
que algunas culturas, objetos culturales, y algunos artistas son rentables y
marketeables, y otros no. Y si por casualidad un grupo de personas se entera de
que algo no parece muy derecho, no hace mucho más allá que quejarse, de forma
casi imperceptible, solo si es que se ve afectada directamente por alguna
iniciativa que comercializa o maltrata su patrimonio o algún elemento de su
cultura.
En
el Perú no se habla de Derechos Culturales a pesar de que hemos ratificado su
existencia, hace años, a través de un Pacto Internacional al ser Estado Parte
de la Unesco (aunque a la Unesco en Lima, curiosamente, tampoco le interesa la
conservación del patrimonio inmueble). En el Perú hace aproximadamente diez
años que existe la especialidad de Gestión Cultural en varias instituciones
educativas. Hay muy buenos especialistas, pero: seguimos sin tener políticas
públicas culturales.
A
nivel de sociedad civil, muchos gestores y promotores suelen evadir el tema de
derechos y políticas; parecen prescindir del ejercicio y promoción de sus
propios derechos culturales y, al parecer, no ven lo que significa el problema
del patrimonio cultural inmueble. Hay sí gestores y promotores trabajando como
hormigas hace años, tratando de visibilizar a través de sus iniciativas estas
carencias a través del contacto con la población y acercándose al sector
público. Pero es un trabajo mínimo, lento y de gran paciencia y perseverancia,
a pesar del desgaste que implica tratar de hacer algo cultural en un país que
sufre, calla y discrimina, y donde no hay políticas públicas culturales. Entre
ellos hay gente sin miedo de hablar de derechos y políticas. ¿Pero por qué
pareciera que hay gente con miedo de hablar de esos temas? ¿Será que perderían
alguna posición de privilegio en el mundo de la cultura y las artes? ¿o es que
simplemente no la ven?
En
Lima tenemos un problema cultural realmente enorme y silencioso: primero, no
conocemos bien nuestros símbolos por localidad (salvo que se trate de comida y
ni en ese caso se quiere ver el fondo de su valor); segundo, hay una pérdida
galopante de patrimonio cultural inmueble (símbolos locales, regionales y nacionales);
tercero, vivimos en un país sin ley de suelos, con tráfico de terrenos y
especulación inmobiliaria y, cuarto, hay una gestión cerrada y elitista de este
tipo de patrimonio. Sin embargo, por suerte, las áreas de algunas artes y de
interculturalidad vienen desarrollándose con un poquito más de fluidez gracias
a que actualmente hay funcionarios interesados en desarrollarlas, pero, ¿y el
patrimonio inmueble que es el sostén palpable de la interculturalidad, las
artes, la tecnología, es decir, la materialización de nuestras culturas e historia,
por qué es abandonado? ¿Por qué es tan ignorado por gestores, artistas y los
propios funcionarios? ¿Por qué no hay una política pública de patrimonio
inmueble? ¿Por qué no impulsamos el diseño de esa política? Y si es que la
estuvieran diseñando, ¿por qué a puertas cerradas?
Puede
ser que los gestores y promotores no confíen en el Estado y encuentren menos
agotador no acercársele, pero, lamentablemente, así se contribuye a su reducción
y a incrementar su pésimo funcionamiento. Y por malo que sea cada gobierno, no
podemos abonar a la desaparición del Estado porque es el encargado que delegamos
y está obligado a promover que ejerzamos estos derechos culturales. ¿Quién con
mayor alcance social que el Estado para que todos podamos acceder a la cultura,
a la conservación de la memoria y al desarrollo de industrias culturales
volviéndolos políticas públicas? Una empresa por más pulpesca que sea no tendrá
ese alcance (además no tendría por qué importarle y ese es uno de sus derechos).
Los gestores y promotores no tienen ese alcance. ¿Entonces?
Apolitismo y patrimonio
Vivimos
en una ciudad traumada de ‘apolíticos’ y, paradójicamente, son los más
políticos: tienen como política callarse y callar al resto, y ese apolitismo
fácilmente gana adeptos en un país donde vivimos creyendo en santos y caudillos. ¿A
dónde vamos a llegar de seguir evadiendo que no ejercemos derechos culturales y
que la cultura debe gestionarse a partir de políticas de Estado para que pueda
ser de mayor alcance e impacto y asequible para todos? Sin especialistas en la
sociedad, hablando y escuchando de derechos y políticas, y tras derechos y
políticas, no solo seguiremos perdiendo patrimonio inmueble sino que perderemos
oportunidades de contar con objetos que nos pueden servir para identificarnos y
encontrarnos y que nos lleven a convivir mejor, juntos, en nuestra inmensa diversidad y
en nuestro, ahorita, incierto futuro.
Mientras
la consigna de gestores y promotores siga siendo ‘aquí está prohibido hablar de
política’ y ‘soy políticamente correcto’, habrá menos posibilidades de extender
la vida y uso de nuestro patrimonio cultural inmueble.
Foto 1: Hanslitt Cruzado. La República. Plaza San Martín. 11/08/2017
Imagen 2: http://slideplayer.es/slide/15568/
Comentarios
Publicar un comentario