Para
este martes 17 de enero de 3:00 a 6:00 PM Patrimonialistas de Lima ha convocado
a un plantón en el Ministerio de Cultura para mostrar a las autoridades que a
los colectivos y organizaciones que desde hace años difunden la historia de
Lima a través de fotografías antiguas, denuncias de abandono y destrucción, charlas, recorridos históricos y de inspección (entre otras iniciativas), están dispuestos a apoyar unidos la defensa de la memoria de la ciudad. Además hemos conocido un derecho "nuevo" gracias a la Unión de Estudiantes de Arquitectura de Lima, por ejemplo, como es el derecho a la ciudad.
Una
ciudad lleva esa denominación gracias a sus ciudadanos y a sus lazos con su
desarrollo, desarrollo que se ha visto estancado e incluso en retroceso, el cual se
manifiesta a diario en las complejas dificultades para que los ciudadanos se
comuniquen entre sí en la precariedad de sus espacios públicos monumentales y
edificaciones históricas y nuevas.
Las
carencias de la ciudadanía en su transitar cotidiano, en los siniestros
continuos, la inseguridad ciudadana, la discriminación tan arraigada, tienen
como base la escasa identificación entre individuos en la vía pública. Y las
personas se comunican entre sí cuando son capaces de identificarse entre sí, o
sea, con base en la identidad.
Es
por esos motivos que Patrimonialistas de Lima está convocando de urgencia al
plantón con interés en incidir en la generación de un plan de gestión humana del patrimonio cultural
inmueble.
No
hay que olvidar que ya sabemos que la cultura es factor de desarrollo. El patrimonio
cultural inmueble es entonces, según como se gestione, detonante de dinámicas
negativas si es abandonado o positivas si es conservado. Cuando se abandona el
patrimonio cultural inmueble se está indefectiblemente abandonando personas.
También
hay que tener en cuenta que el patrimonio cultural inmueble en una ciudad
multicultural como Lima, que alberga a todas las culturas del Perú, no puede
ser gestionado desde un punto de vista estético sino histórico y simbólico,
dado que nuestras culturas tienen muy legítimas y diferentes percepciones de la
belleza. Hoy en día nuestro patrimonio cultural inmueble sí tiene un valor
simbólico: el del desprecio por una época que -sin caer en sus históricos perjuicios
o beneficios- simplemente fue parte de nuestra historia y eso nada ni nadie lo
podrá cambiar; lo que sí se puede cambiar es cómo vemos hacia esa parte de la
historia. Lo que toca, ya, es reflexionar la historia, pero si la ciudadanía no
conoce esa historia, no tiene acceso a la cultura, no tiene acceso a la conservación
de la memoria, y no tiene objetos de referencia para visualizarla ni palparla
no será posible abrir ni redondear la reflexión. Esos objetos físicos de
referencia son los edificios, monumentos y zonas monumentales históricas.
Al
abandonar nuestro patrimonio cultural inmueble histórico que está habitado, por
si fuera poco, estamos abandonando a la ciudadanía a enfrentarse sola –o a no
enfrentarse sino a asumir que las cosas son así y no pueden hacer nada al
respecto- a la inseguridad ciudadana y a la inseguridad de infraestructuras
públicas, viviendas y centros de trabajo: la ciudadanía frente a una casi nula
institucionalidad.
El problema se agrava si ese patrimonio está en propiedad de personas sin beneficios al ser propietarios de inmuebles históricos y si el Estado siempre pretexta que sencillamente no puede intervenir en propiedad privada. El Estado está en la obligación de gestionar la conservación del patrimonio, y la exoneración del impuesto predial para los propietarios, en nuestro contexto actual, no es un beneficio ni siquiera chiquitito. Lo que al parecer omite el sector público es que el patrimonio de la Nación y los monumentos declarados son precisamente De La Nación, es decir, de la población y el Estado en su conjunto, y los entes del Estado tienen competencias y es su obligación constitucional que toda la población sea capaz de ejercer todos sus derechos: derecho a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la salud, al tránsito, a la seguridad, a la cultura y a la memoria.
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Incendio -otra vez- en la Plaza Dos de Mayo. 1 de enero del 2017. Foto: Plaza Dos de Mayo - Patrimonio |
El problema se agrava si ese patrimonio está en propiedad de personas sin beneficios al ser propietarios de inmuebles históricos y si el Estado siempre pretexta que sencillamente no puede intervenir en propiedad privada. El Estado está en la obligación de gestionar la conservación del patrimonio, y la exoneración del impuesto predial para los propietarios, en nuestro contexto actual, no es un beneficio ni siquiera chiquitito. Lo que al parecer omite el sector público es que el patrimonio de la Nación y los monumentos declarados son precisamente De La Nación, es decir, de la población y el Estado en su conjunto, y los entes del Estado tienen competencias y es su obligación constitucional que toda la población sea capaz de ejercer todos sus derechos: derecho a la vida, a la vivienda, al trabajo, a la salud, al tránsito, a la seguridad, a la cultura y a la memoria.
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Fachada y edificio histórico vandalizado. Colegio Santa María Reina, Barrios Altos. Foto: Lima Antigua |
El ejercicio de todos
esos derechos tienen relación con la protección del patrimonio cultural inmueble,
pero la ciudadanía o no lo sabe o se ha visto impulsada a relegarlos por otras
necesidades creadas o nacidas de un sistema de competencia individualista que
por su calidad de individual no favorece el desarrollo social y, por ende, el
desarrollo económico sostenible. El Estado no está cumpliendo con su deber, ni a través de la Municipalidad de Lima ni del Ministerio de Cultura. Hoy
mismo somos testigos en Lima de lo que ocurre cuando un gobierno es tirano e
ignora los derechos de las personas. Esto no quiere decir que el Gobierno
Central actual sea tirano, pues solo tiene menos de seis meses empoderado, pero
si no se hace algo desde la población especializada es posible que para el 2021
nuestras bocas vuelvan a repetir -mientras nos damos de golpes de pecho como es
costumbre- que el Estado es tirano, y que sigamos en esta guerra silenciosa en
la que convivir saludablemente entre nosotros y en nuestra ciudad multicultural
es prácticamente una utopía.
Ahora
es necesario dejar muy en claro algo que algunos ciudadanos han cuestionado con temor respecto del pliego del plantón y es el punto relativo a la expropiación.
(Pueden leer el pliego haciendo clic aquí)
El
Estado tiene la facultad de expropiar edificaciones históricas que son valiosas
y están en alto riesgo en manos de sus propietarios (y los propietarios sin
beneficios al poseer un bien valioso a duras penas podrán o querrán conservarlo
pues el valor del terreno o el de cambio de uso sería más rentable para vivir o
incluso sobrevivir).
Sin
embargo no estamos exigiendo que la expropiación se active echando inquilinos
de inmuebles históricos ni mucho menos que sea más importante un objeto que las personas. No.
Si caemos en la expropiación para cambiar el tipo de usuarios del bien
estaremos cayendo en un proceso de gentrificación: proceso nocivo para la
conservación de la memoria de forma integral, la cultura viva, un centro histórico vivo, y que incluye -redundo- necesariamente las
tradiciones y costumbres de los usuarios, sean originales del espacio en que se
desarrollan o producto de intercambios culturales (tradiciones originales de
Lima son las que tienen como marco las fiestas del Señor de los Milagros o las
jaranas de callejón, y tradiciones por fusión serían festividades antiguas pero
ya con componentes venidos de otras zonas del Perú).
La
idea es que el Estado ejerza esta facultad de expropiación a través de un
proceso de concertación (que se indica en el pliego ya enlazado párrafos arriba) con los usuarios y
propietarios, como se hizo en Cantagallo, por ejemplo, aunque no sea el caso
mencionado uno de patrimonio cultural inmueble, o incluso el lamentable caso del Teatro
Colón que fue expropiado por la Municipalidad Metropolitana de Lima para ser vendido luego a un propietario que no podría o no tendría
interés por el predio en su valor histórico ni arquitectónico ni mucho menos
artístico.
Por
ejemplo, si se expropiara con un proyecto previo el Buque de Barrios Altos, que puede y debe ser puesto en valor,
nuevamente debería ser un complejo multifamiliar con comercios menores en su primer
piso. En el Buque vivían algunas personas que podrían volver a ocuparlo luego
de restaurado y también podría vivir gente que necesite acceso a la
vivienda digna en el Centro Histórico. Ellos tendrían que tener prioridad. El
Buque fue el primer complejo habitacional de Latinoamérica y ese es su valor
arquitectónico, tecnológico e histórico. Por cierto, si era bello o no es lo de
menos. Si nuevamente lo ocuparan para vivienda y comercio menor es muy probable
que se revitalizaría el barrio que hoy literalmente no existe, y lo cual
derivaría en algo que clama toda la población: seguridad ciudadana, es decir, seguridad en espacios públicos. Este tipo de
procesos perfectamente pueden iniciarse en convenio con el Ministerio de
Vivienda.
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El Buque hoy. Foto de Lima Antigua. |
Si
ya leyeron el pliego se habrán dado cuenta de que se pide, además, el diseño de
un Plan de Gestión Humana del Patrimonio Cultural (que no es lo mismo que un
plan maestro que, vale recordar, existe y que el Ministerio de
Cultura no se ha manifestado), así que desde Patrimonialistas de Lima jamás
apoyaremos ni activaremos ni promoveremos procesos de gentrificación en el
Centro Histórico.
Gente
feliz. Eso es lo que se quiere obtener de la conservación del patrimonio
cultural inmueble, aunque suene cursi.
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Banderola de Al Rescate del Patrimonio Arquitectónico de Lima |
Patrimonialistas
De Lima es una página en Facebook que pretende servir de plataforma para
articular a organizaciones de difusión y defensa del patrimonio cultural
inmueble para que cada iniciativa tenga incidencia
política y llegada a la ciudadanía.
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