¡Qué verde era mi
barrio!
La destrucción de la Lima
residencial por parte de sus propios alcaldes e inmobiliarias
Por: Francisco Verdera
V., vecino de la zona de litigio entre San Isidro y Magdalena del Mar
Lima vive un verdadero
boom de la construcción de edificios. Crecen como hongos. Aparecen de la nada
en los predios menos pensados por sus reducidos tamaños y por sus ubicaciones
en calles estrechas, sin retiros municipales, casi encima de las veredas, sin
estacionamientos suficientes, sin vías de
escape en casos de sismo o incendios y sin siquiera un trozo de jardín.
Nadie puede estar en
contra de la construcción de edificios siempre y cuando respeten la ordenanza
sobre alturas máximas (número de pisos) y no atenten contra los derechos de los
propietarios de los predios o residencias colindantes. No es que se sea
anti-edificios como tampoco se es anti-minero. Se está muy a favor de los edificios
que respeten a los vecinos y vecindarios y el medio ambiente urbano, como se
está por una minería que respete escrupulosamente a la naturaleza y a la
población.
Inmobiliarias
invasoras
Las zonas
residenciales de Lima han sido y siguen siendo invadidas por enormes edificios
que contravienen la ordenanza municipal sobre alturas máximas en predios con zonificación
residencial. Incluso después de que la Municipalidad Metropolitana de Lima, con
los municipios distritales, autorizó - sin consultar a los habitantes de Lima -
subir estas alturas en 2006, tampoco estas últimas se han cumplido.[1]
Los otrora
relativamente tranquilos barrios residenciales de San Isidro y Miraflores, y recientemente
los de Jesús María y Magdalena del Mar, especialmente en Orrantia, pero también
de Lince, Pueblo Libre, Surco, Barranco y de otras zonas de Lima son cada vez
más unas verdaderas junglas de cemento, con cientos de autos colapsando sus
angostas vías, u ocupando las calles, aceras y hasta las puertas de garajes.
Los verdes retiros municipales de antaño - que hasta se regaban -, son ahora invadidos
de manera permanente por cafeterías, restaurantes, grandes cadenas comerciales
y comercios informales, o son usados como áreas de estacionamiento.
Se han destrozado barrios
residenciales enteros como en la Av. 2 de Mayo en San Isidro, la Avenida San
Felipe en Jesús María y Juan de Aliaga en Magdalena, por no mencionar a lo
ocurrido en otras zonas de San Isidro, Miraflores o Barranco. Estas avenidas y
barrios se han transformado en grandes playas de estacionamiento en plena calle
y en los retiros municipales, tanto de día porque una parte de las residencias
se han convertido en oficinas como de noche porque no hay suficientes
estacionamientos en los estrechos sótanos -cuando los hay- de los edificios. Un caso extremo es el de la
calle Ugarte y Moscoso entre Alberto del Campo y la calle Eléspuru en Orrantia
del Mar.
Por sus enormes
edificios los reconocerán
Primero, empezaron por
San Isidro con los gigantescos edificios alrededor del Club de Golf, aprovechándose
de su vista y verdor. Poco importaron las quejas de connotados vecinos
sanisidrinos que veían impotentes cómo los levantaban, quitándoles la luz del
día y la vista del cielo. Tampoco importó que la avenida Miro Quesada fuese cada
vez más angosta para el enorme incremento del tránsito que se generó. Luego
siguieron con los malecones de Miraflores y más tarde con los de Barranco y
Magdalena. Los propietarios de las casas ubicadas en varias manzanas detrás de
esos edificios tienen unas moles frente a sus casas y quedaron prácticamente a
oscuras. En síntesis, su bienestar como habitantes de zonas residenciales fue
irremediablemente mermado y sus propiedades perdieron gran parte de su valor
como residencias.
Llegados a este punto,
las inmobiliarias en alianza con los municipios empezaron a rellenar manzanas enteras con más edificios en calles
estrechas, superando las alturas máximas, como en las manzanas a lo largo de
las avenidas Javier Prado, Angamos y San Felipe, entre otras avenidas, donde seguirán
avanzando hasta saturarlas.
¿Cuál puede ser la
razón por la que los municipios han descubierto que existían certificados de
parámetros anteriores a la Ordenanza de 2006 y han otorgado licencias de
edificación a todas luces ilegales a estas inmobiliarias atentando contra el
bienestar y los derechos de propiedad de los vecinos de sus propios distritos,
de sus electores? ¿Será porque estas
autoridades están de paso por esos distritos, y para las inmobiliarias es el
momento de aprovechar los altos precios sin
importar que se perjudique a los vecinos que siempre han vivido allí?
No pararán hasta la
saturación: todo es compatible
Bienvenidos los nuevos
vecinos que adquirieron su departamentos. Pero este reconocimiento no nos impide
decirles que muchos de ellos habitan en edificios con un origen ilegal,
producto de arreglos que encarecieron el valor de los departamentos que pagan mensualmente, y lo que es peor, que
muy pronto si no les ha ocurrido ya, lo único que verán desde sus ventanas y
balcones son otras paredes de otros enormes edificios, centros comerciales y
edificios de oficinas que les están construyendo delante o detrás. La voracidad
de las inmobiliarias y de los municipios no tiene límites. ¡Pueden construir lo
que quieran! Gasocentros y edificios de oficinas en predios residenciales y
edificios de más de diez pisos donde solo se pueden construir cuatro.
La saturación provocada
por los grandes edificios conlleva una mayor congestión del tránsito y de las
calles, al aumento de los ruidos, y a la disminución de la presión del agua y al
atoro de los desagües. Las empresas de servicios otorgan fácilmente la garantía
de que podrán proveerles de agua, energía y telefonía. Pero la infraestructura
urbana no fue diseñada ni está preparada para tal recarga poblacional y
vehicular, pero ¿a qué autoridad municipal, de Lima o de ministerios le
interesa realmente respetar los derechos de propiedad de los vecinos, de
aquellos que los eligieron?
¿Habrá alguna autoridad
capaz de detener esto?
Ya es tiempo de
investigar a los alcaldes y gerentes de obras de los municipios, así como a las inmobiliarias y bancos que irresponsablemente
han otorgado y otorgan préstamos hipotecarios que provocan el creciente
desorden urbano. Las pruebas están a la vista: los enormes edificios están
asfixiando las zonas residenciales y las áreas verdes de la ciudad. Tampoco
puede dejar de señalarse la complicidad de los delegados de los colegios de
arquitectos y de ingenieros que firman expedientes y avalan las licencias de
construcción, a sabiendas que son ilegales por no cumplir con las normas de
edificación y que perjudican gravemente a los vecinos. ¿Dónde está el respeto
al "Estado de derecho" para los vecinos?
Siendo importantes y muy
urgentes los problemas del transporte público, la seguridad ciudadana y la contaminación
del aire, la sonora y la visual, ello no significa que no se dé también
prioridad ni se discuta sobre un verdadero y responsable plan de desarrollo
urbano para Lima y de planes para cada uno de sus distritos. Como no los hay,
el crecimiento salvaje propiciado por algunas inmobiliarias y los alcaldes
distritales hará que Lima sea cada día más un verdadero caos urbano. ¿Para qué
existen la Comisión de Desarrollo Urbano de Lima y un Ministerio de Vivienda?
Hasta existe un Ministerio del Ambiente, además de un Colegio de Arquitectos e
Institutos de Desarrollo Municipal y de Desarrollo Urbano, y el INDECI para
organizar la seguridad en caso se sismos. ¿Dónde están? ¿Qué hacen?
Colofón
Varios alcaldes
distritales siguen proponiendo nuevas modificaciones a la zonificación para el uso de suelos que violarían aún más
la necesaria compatibilidad en sus usos, sin respetar su carácter residencial.
Esperamos que la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad
Metropolitana de Lima defienda los derechos de propiedad de los vecinos,
resista las presiones y no permita que se sigan construyendo "centros comerciales",
gasocentros o edificios de oficinas en predios que son de uso residencial. Se
requiere extender la vital ley de consulta previa a los vecinos de Lima. ¿Quién
tomará esta bandera?
[1]
Ordenanza 950 MML. Se han producido constantes modificaciones para los
distritos en los que el boom inmobiliario ha sido más intenso de manera de
permitir mediante subterfugios como la colindancia no continua o en una misma
manzana, que se sigan construyendo edificios por encima de las alturas máximas
permitidas.
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