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La Ley de Consulta Previa y el Ius Imperium
El pasado lunes 21 de Junio del 2010, la ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas fue observada por el ejecutivo a través del Oficio No. 142-2010-DP/SCM. Una de las tantas observaciones a esta tan cuestionada análoga, es la que observa que la ley “debe consignar de manera expresa que si no se logra el acuerdo o consentimiento al que hace referencia, ello no implica que el Estado renuncia al ejercicio del ius imperium, pues ello supondría la dispersión del carácter unitario y soberano de la República”, en otras palabras, de no llegar a un acuerdo o consentimiento el Poder Ejecutivo puede “hacer o deshacer” lo que quiera con las tierras indígenas.
El Poder Ejecutivo pretende escudarse sobre la base de que el Ius Imperium es el poder jurídico para imponer normas, sanciones, hacer expropiaciones, imponer tributos y administrar recursos del estado, pero se olvida que su ejercicio no debe poner en cuestión la unidad y beneficios de toda la nación, de todos los ciudadanos.
El Ius Imperium del Poder Ejecutivo, sólo es una excusa más para continuar con las concesiones mineras y petroleras, amenazando así el derecho de las comunidades nativas, porque no se respeta la Declaración de las Naciones Unidas sobre Los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el articulo 19 señala: “Los Estados celebrarán consultas y cooperación de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para su consentimiento libre, previo e informado”. Poniendo en riesgo no sólo el respeto a los derechos humanos de todos los peruanos, sino también poniendo el riesgo el medio ambiente, y nuestro derecho (reconocido por la Constitución y la Declaración Universal de Los Derechos Humanos) de vivir en un ambiente equilibrado y adecuado para nuestro desarrollo.
De no aprobarse la ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, el Poder Ejecutivo dejará en claro que seguimos viviendo en un gobierno que no respeta los Derechos Humanos, que margina y discrimina las Comunidades Indígenas y un gobierno al que no le interesa en lo absoluto la protección del medio ambiente, dejando así que continúen los accidentes ocurridos en el Marañón, Huancavelica, La Oroya y en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene.
Por Francoise Cavalié Apac
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